Juan Orlando Hernández llegó por primera vez al hemiciclo legislativo como diputado por el partido Nacional, representando al departamento de Lempira.  

En su segundo período legislativo, de 2002-2006, JOH fue electo como primer Secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional

Para este tiempo, cuando todavía era diputado, Juan Orlando ya aceptaba decenas de miles de dólares en sobornos de Víctor Hugo Díaz Morales (“Díaz Morales”), un narcotraficante hondureño que ahora coopera con el Gobierno de EUA, según el documento Motion in Limine en el caso JOH vs USA.

 

Como diputado por tercer periodo consecutivo, fue elegido como Jefe de su Bancada parlamentaria y además nombrado Secretario General del Partido Nacional.

 

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En este punto, el poder de Juan Orlando trascendía.

En 2009 luego del Golpe de Estado, Juan Orlando comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional y Porfirio Lobo Sosa para la presidencia de Honduras ambos trabajaron juntos para obtener $2 millones de dólares en ganancias del narcotráfico para sus respectivas campañas de Amílcar Alexander Ardón Soriano exalcalde de El Paraíso, un municipio de Honduras cercano a la frontera con Guatemala, indica el Gobierno de EE.UU.

“Alex Ardón ayudó a Juan Orlando para sobornar a tres diputados del Congreso Nacional, y así llegar a la presidencia parlamentaria”.

 

Para las elecciones generales de 2013, Juan Orlando se alzó con la victoria presidencial, un triunfo seriamente cuestionado sobre todo por el partido Libertad y Refundación, Libre.

En los Motion in Limine, los fiscales estadounidenses indican que Juan Orlando recibió un millón de dólares para su campaña electoral de 2013.

“Antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando también recibió ganancias del narcotráfico de Yankel Rosenthal, un político del Partido Liberal y Carlos Lobo, un narcotraficante hondureño que trabajó con el Cartel de Sinaloa”.

 

Juan Orlando se presentó a elecciones generales con el peso de una ilegal reelección presidencial. Los resultados nuevamente fueron cuestionados, calificando su triunfo como fraude electoral, lo que llevó al pueblo hondureño a protestar en las calles. A raíz de las acciones, hubo muertos, presos políticos y hasta exiliados, perseguidos por el régimen.

“El 1 de diciembre de 2017, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra los resultados de las elecciones. Juan Orlando le pagó a un funcionario del Partido Nacional para que pagara a pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las protestas, lo que a su vez justificaría medidas policiales, imposición de un toque de queda y uso de la fuerza contra los manifestantes”, indican los Motion in Limine.

 

El mandato de Juan Orlando Hernández llegó hasta el 27 de enero de 2022. En este momento, sólo duró 18 días fuera de casa presidencial ya que el 15 de febrero de 2022 fue capturado en su casa de habitación.

“El Gobierno (de EE.UU.) ha alegado que Juan Orlando efectivamente operó Honduras como un narcoestado, adquiriendo poder político a través de sobornos impulsados por los narcóticos y mantenerlo al permitir el libre flujo de drogas a través de Honduras” recalca el documento de las autoridades estadounidenses en el capítulo de la discusión.

 

El 21 de abril se produjo la primera extradición de un expresidente hondureño hacia Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, realizada por la Administración de Control de Drogas​, conocida por su sigla como DEA.

 

JOH espera juicio en EE.UU. acusado de tres cargos criminales: por conspirar para importar aproximadamente 140,000 kilogramos de cocaína a EEUU entre 2004 -2016 y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego, como parte de una conspiración de narcotráfico. De ser encontrado culpable, el expresidente enfrenta una pena máxima de vida en prisión.

“Juan Orlando dependió de los ingresos del narcotráfico para financiar sus campañas políticas, primero para presidente del Congreso Nacional y luego para Presidente de Honduras. Además, de sobornar a políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, para garantizar el paso seguro de su cocaína y protegerlos de las acciones policiales en Honduras”, argumenta el Gobierno de Estados Unidos.